Trump y su historia de ACABABAR con los narcos

En Estados Unidos, el mercado ilegal de drogas —esto es, las ventas efectivas que hacen los consumidores de sustancias no reguladas— representa una fracción relativamente pequeña de la economía.

Las estimaciones académicas ubican ese mercado en el orden de $120 y 250 mil millones de dólares al año (un margen muy amplio hasta para los muy pendejos(, es decir, menos del 1 % del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual significaría que desaparecer ese mercado no implicaría efectos reales sobre la economía estadounidense.

Esto contrasta con sectores enteros de la economía formal que generan muchos múltiplos de ese monto, lo que muestra que, en términos estrictamente económicos, las drogas no constituyen un motor económico dominante.

Sin embargo, cuando se considera el costo que estas mismas drogas generan para el sistema público, las cifras se disparan. El gasto federal de Estados Unidos en el control de drogas (incluyendo enforcement, prevención, tratamiento y programas de reducción de daños) se estima en alrededor de $40 y 50 mil millones de dólares anuales.

Al considerar el costo sanitario de la atención de adicciones o el costo público por productividad laboral, debemos estimar otros 200 mil millones de dólares

Eso ni siquiera captura el impacto total de los daños asociados: algunos estudios que agregan atención médica, pérdida de productividad, muertes por sobredosis, gastos judiciales y otros efectos sociales estiman costos superiores a los $700 mil millones al año.

Así, un mercado que, en sí mismo, sería una parte menor de la economía, genera un daño económico (cuando se suman atención, encarcelamiento, salud pública, y externalidades sociales) del orden de varios cientos de miles de millones de dólares anuales.

Esta brecha entre tamaño del mercado y costo social acumulado es un dato fundamental para entender por qué las drogas son un tema central en la política pública estadounidense: no por su peso económico bruto, sino por el impacto que sus consecuencias ejercen sobre el tejido social, el sistema de salud y las finanzas públicas.

Así, ellos deben controlar sus adicciones.

Ellos deben controlar sus cárceles.

Ellos deben controlar a sus proveedores.

Ellos deben controlarse a sí mismos.

Ese es el verdadero problema político.

No existe guerra contra las drogas posible cuando el Estado se niega a reconocer que el consumo es un fenómeno interno, producido por su propia organización social. Las drogas no cruzan la frontera solas: las espera un mercado, un ingreso disponible y una demanda estable. Señalar al proveedor externo es una coartada para no gobernar la causa.

Un Estado que criminaliza al adicto pero no controla su sistema de salud abdica.

Un Estado que encarcela masivamente pero no controla sus cárceles reproduce el daño que dice combatir. Un Estado que persigue proveedores mientras protege circuitos financieros y logísticos legales no combate un mercado: lo administra. Y un Estado que exige resultados inmediatos afuera mientras es incapaz de controlarse adentro no gobierna: desplaza culpas.

La erradicación es una promesa demagógica. El control es una obligación política. Control de la demanda, control institucional, control del daño social y control del discurso. Sin eso, la “guerra” no es una política pública: es un recurso narrativo para ocultar una falla estructural.

Antes de imponer costos a otros países, Estados Unidos tendría que demostrar algo elemental: que puede gobernar lo que produce, lo que consume y las consecuencias de ambas cosas. Todo lo demás es teatro de poder.

El problema de la adicción norteamericana no, no, no y no está en México.

Propuesta para proporcionalidad y representación en el Legislativo

Desde que hace unos meses se planteó la posibilidad de una gran reforma electoral, he tenido la intención de escribir algo al respecto. Sin embargo, por una u otra razón, no había logrado ordenar las ideas.

En abril de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso, entre otros puntos, establecer un sistema de representación proporcional pura por entidad federativa para la elección de diputados federales.

Este modelo, sin duda, habría integrado una Cámara de Diputados casi perfectamente proporcional al porcentaje de votos obtenidos por cada partido. No obstante, no es claro que corrigiera un problema de fondo: al basarse en listas estatales cerradas, los diputados electos no representarían directamente a la población que votó por ellos, sino al partido que los incluyó en sus listas.

Hace algunos meses escuché a la presidenta Claudia Sheinbaum señalar que ella se inclinaría por un esquema distinto: uno en el que los mejores segundos lugares pudieran acceder a las diputaciones.

A partir de esa idea, he considerado un modelo alternativo: reducir la Cámara a 300 diputados, dividir el país en 200 distritos electorales y elegir en cada uno un diputado por mayoría relativa. Los 100 escaños restantes se asignarían a los candidatos que, sin haber ganado, hubieran obtenido la menor diferencia porcentual respecto del primer lugar.

La diferencia fundamental de este modelo frente a las listas es que todos los diputados habrían competido electoralmente, tendrían votos propios y representarían a un distrito concreto, no a una dirigencia partidista.

Ejercicios realizados con los resultados electorales de 2018, 2021 y 2024 permiten suponer que este esquema aumentaría significativamente la representatividad política, aunque no garantizaría por sí mismo una proporcionalidad perfecta. El partido mayoritario seguiría obteniendo una ventaja en el número de escaños respecto de su porcentaje de votos.

Por ello, la única forma de equilibrar representación y proporcionalidad sería limitar la asignación de los segundos lugares. Un umbral razonable —entre 35 y 40 % del total de esos escaños— impediría que el partido mayoritario concentre de manera excesiva esta vía de acceso, reduciendo así la sobrerrepresentación sin eliminar la competencia real.

De esta manera, se lograría una Cámara integrada por diputados con respaldo electoral efectivo, con vínculo territorial claro y, al mismo tiempo, con una composición más cercana a la voluntad popular expresada en las urnas.

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No es el petróleo pendejos

 

La recuperación o nacionalización del petróleo en Venezuela, sucedió en 1976 no fue Hugo Chávez, fue Carlos Andrés Pérez quien lo decretó, de hecho la primera asonada militar de Chávez (siendo Teniente Coronel), en 1992 fue contra Carlos Andrés Pérez no progresó y fue encarcelado.

El estado venezolano entregó concesiones para la explotación de petróleo a compañías petroleras de todo el mundo entre ellas Exxon, Creole y Shell, la mayor parte de esas concesiones concluía en la década de los 80's del siglo pasado, desde principios de los 70, algunas de estas compañías solicitaron incluso de manera formal al gobierno de Venezuela adquiriera los activos antes de la conclusión de las concesiones.

El esquema que se decidió legislativamente en 1975, contemplaba un periodo de negociación y acuerdo que se llevó escrupulosamente a cabo, se adquirieron los activos a precio de mercado menos depreciación y hubo un periodo de transición en la que las compañías petroleras entregaron la extracción del petróleo, fue un proceso muy ordenado en el que hubo muy pocos desacuerdos y no hubo nunca una denuncia ante los organismos internacionales por el despojo del derecho de explotación.

Chávez es liberado en 1995 y desde ese momento se desliga de las fuerzas armadas e inicia un movimiento civil encaminado a obtener el poder civil (Movimiento V República, MVR)

En 1998 gana unas elecciones cómodas y en 1999 toma posesión como presidente, en ese proceso electoral Chávez no hablaba explícitamente de socialismo.

Pero su propuesta era una “revolución bolivariana”, con énfasis en una nueva Asamblea Constituyente, lograr una nueva Constitución, que según su discurso lograría la moralización del Estado y la soberanía nacional.

Venezuela, desde 1920 contaba con economía fincada en torno de la explotación del petróleo, con la llegada del chavismo, se estructuró todo un andamiaje jurídico administrativo que permitió usar las rentas petroleras como parte del sostenimiento del régimen, hoy aproximadamente el 50% del ingreso estatal proviene de la explotación petrolera.

Además, dado que existe un embargo para el petróleo venezolano, el intercambio de ese producto se hace con países que entregan a cambio mercancía básica como contraprestación.

Sin embargo la extracción de petróleo en Venezuela apenas rebasa los 850 mil barriles diarios y de ellos exporta poco más de cuatro quintas partes, es decir unos 800,000 barriles diarios, en 2024 la mitad de ellos fueron entregados a China, que en total ocupa entre 17 y 17.3 millones de barriles diarios, es decir para china solamente representa poco más del 2% de su necesidad, sin embargo es importante porque los acuerdos comerciales establecidos entre China y Venezuela digamos que dan ventaja al estado asiático.

Resulta en lo inmediato, muy difícil incrementar el volumen de extracción, Estados Unidos requiere para el funcionamiento de su economía, más de 20 millones de barriles diarios de petróleo, los 400,000 barriles que hoy Venezuela entrega a China, son menos del uno del 2% de lo que ocupa Estados Unidos y los 800 mil pues apenas el 4% del total requerido.

La inversión no solo en equipo, sino en preparación de recursos humanos, infraestructura y avituallamiento de la industria petrolera, sería de alrededor de 900 mil millones de dólares y el incremento a un millón de barriles de extracción tardaría unos 4 años, llegar a 1.3 millones implicaría entre 10 y 15 años.

En Arabia Saudita se requería una inversión mucho menor y el retorno de explotación sería casi inmediato.

La relación Venezuela—China es responde a intereses mutuos, pero los beneficios no son equivalentes: China obtiene eficiencia económica y ventaja estratégica; Venezuela obtiene acceso, liquidez y respaldo en un contexto del embargo impuesto.

El petróleo venezolano es pesado y tiene poca utilidad en los procesos industriales de Estados Unidos, no hay posibilidad de que la industria norteamericana lleve sus recursos financieros a la explotación de un producto poco atractivo en el mercado internacional.

Quizá, solo quizá, la intervención gringa no busca acelerar la producción, sino condicionar quién estará en posición de decidir cuando esa producción vuelva a ser relevante, que vuelvo a repetir podrá ser, o no, hasta dentro de 15 años.

En materia política Venezuela es un régimen rentista autoritario, que distribuye de manera instrumental, limitada y condicionada, una pequeña parte de esa renta petrolera, con un fuerte aparato coercitivo que no duda en usar contra quién se oponga a él.

Desde principios de la presente década ha habido algunos movimientos de carácter social que han minado al régimen chavista, trabajadores en busca de mejor salario o condiciones laborales, grupos de personas afectadas por la violencia te han perdido familiares o bien en materiales y buscan justicia, grupos de familiares de presos políticos que reclaman su liberación, venezolanos en el exilio que se manifiestan contra el régimen y por supuesto la oposición.

Ante esa pérdida de credibilidad y como parte de la sobrevivencia del régimen parte de las estructuras emergentes (tecnócratas políticos y militares) guiaron el proceso para: por una parte radicalizar el discurso de la “revolución chavista” buscando mayor adhesión interna y por el otro flexibilizar las condiciones para el ingreso al mercado mundial, como lo hicieron China desde la década de los 80’s, Vietnam desde los 90’s y Rusia en los 2000.

Una transición controlada de este tipo nunca aparece como “plan”. Aparece como una suma de microdecisiones coherentes.

Lo que veremos en Venezuela son: cambios administrativos e incluso legales (no constitucionales), apertura sectoriales para favorecer la integración internacional

No estamos viendo un cambio de régimen estamos viendo un régimen radicalizado en el discurso y negociador en el contexto internacional.

Un régimen que deberá garantizar las prebendas militares y favorecerá de alguna manera mayor integración internacional.

El proceso ya está en marcha, no como una apertura declarada, sino como una reconfiguración silenciosa del régimen para sobrevivir, estabilizarse y reintegrarse parcialmente al mercado internacional sin ceder el control político.

Muchas gracias

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