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Primero un caso tristemente célebre de el señor José López Portillo y pachueco (así)
que dijo al director general de la revista Proceso, Julio Scherer “no pago para que me pegues”
pues durante los primeros meses de 1982 esa revista había realizado algunos
reportajes sobre la ineficiencia y corrupción de algunos miembros
(especialmente de Arturo Durazo Moreno)
del gobierno de la “administración de la abundancia”
Después un caso mucho menos conocido o quizá hasta
desconocido, en febrero de 1980 recién llegada Griselda Álvarez a la
gubernatura de Colima, solicitaron audiencia un grupo de directores de medios
locales, para reclamarle que estaba gastando muy poquito en promoción, ella se
limitó a contestar: “es que no me autorizaron más, pero el
gobierno no tiene porqué promocionarse” entonces uno de los directores
del diario “más influyente” (creo que se apellidaba Madrid como mero caso
curioso) se limitó a decir “hay doña gris” con un verdadero dejo de ironía y hasta grosería; en resumen se llegó a un acuerdo para destinar más
recursos y se comprometió que el siguiente año solicitaría un incremento
sustancial.
Pues bien, ahí dos casos el primero de claro amordazamiento
a un medio a través de limitar la compra de espacio en el medio y con ello “obligarlo”
a “rectificar”
su política editorial y el segundo un ejemplo de la manera en que los medios “influyen”
sobre el gasto en propaganda gubernamental, que al final es su verdadero
interés.
Pues sí, los medios que reciben pagos por propaganda saben
hasta donde pueden estirar la liga y los responsables editoriales de esos
medios también saben en donde aplicar presión para que les den más.
Desde hace unos días la política editorial de los diarios
del Grupo
Healy (propiedad de Juan
Fernando Healy Loera) en Baja California, expusieron una serie de
reportajes en los que muestran algunos actos de corrupción a nivel municipal y
la construcción de una casa en Tijuana (con un valor muy superior a los
ingresos declarados por el mandatario en los últimos años) y la compra de un terreno
por parte del Gobernador.
Como a los gobernantes les ofende saber que los encueran
ante la sociedad, en lugar de explicar la legal proveniencia de los recursos
usados para esas transacciones o de revelar las fuentes de financiamiento
usadas o de señalar o perseguir a los corruptos; se limitaron a firmar un
desplegado (pagado con recursos públicos de los bajacalifornianos) en el que manifiestan
“su
total apoyo a la libertad de expresión, pero no a la extorsión”
Aunque parece que no saben explicar tampoco cómo los intentó
extorsionar el director, presidente o editorialista del Grupo Healy, de hecho Jorge
Astiazarán, presidente municipal de Tijuana, en entrevista de banqueta a Grupo Zeta (el más influyente medio
tijuanense) no supo explicarlo y acabó diciendo: “creo que no voy a hablar del tema
ahora”
En fin para los administradores de los recursos públicos
siempre es más fácil acusar que explicar para los mexicanos cansados de sus "explicaciones" quizá resulte más fácil ignorarlos.
Es con todas las proporciones guardadas como el caso de "enojo" de MVS "por el uso del nombre y logotipo" contra Carmen Aristegui y su equipo de colaboradores, ante la incomodidad del "gobierno" de Peña Nieto, una muestra más del poder.
SALUD
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