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Desde que hace unos meses se planteó la posibilidad de una gran reforma electoral, he tenido la intención de escribir algo al respecto. Sin embargo, por una u otra razón, no había logrado ordenar las ideas.
En abril de 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso, entre otros puntos, establecer un sistema de representación proporcional pura por entidad federativa para la elección de diputados federales.
Este modelo, sin duda, habría integrado una Cámara de Diputados casi perfectamente proporcional al porcentaje de votos obtenidos por cada partido. No obstante, no es claro que corrigiera un problema de fondo: al basarse en listas estatales cerradas, los diputados electos no representarían directamente a la población que votó por ellos, sino al partido que los incluyó en sus listas.
Hace algunos meses escuché a la presidenta Claudia Sheinbaum señalar que ella se inclinaría por un esquema distinto: uno en el que los mejores segundos lugares pudieran acceder a las diputaciones.
A partir de esa idea, he considerado un modelo alternativo: reducir la Cámara a 300 diputados, dividir el país en 200 distritos electorales y elegir en cada uno un diputado por mayoría relativa. Los 100 escaños restantes se asignarían a los candidatos que, sin haber ganado, hubieran obtenido la menor diferencia porcentual respecto del primer lugar.
La diferencia fundamental de este modelo frente a las listas es que todos los diputados habrían competido electoralmente, tendrían votos propios y representarían a un distrito concreto, no a una dirigencia partidista.
Ejercicios realizados con los resultados electorales de 2018, 2021 y 2024 permiten suponer que este esquema aumentaría significativamente la representatividad política, aunque no garantizaría por sí mismo una proporcionalidad perfecta. El partido mayoritario seguiría obteniendo una ventaja en el número de escaños respecto de su porcentaje de votos.
Por ello, la única forma de equilibrar representación y proporcionalidad sería limitar la asignación de los segundos lugares. Un umbral razonable —entre 35 y 40 % del total de esos escaños— impediría que el partido mayoritario concentre de manera excesiva esta vía de acceso, reduciendo así la sobrerrepresentación sin eliminar la competencia real.
De esta manera, se lograría una Cámara integrada por diputados con respaldo electoral efectivo, con vínculo territorial claro y, al mismo tiempo, con una composición más cercana a la voluntad popular expresada en las urnas.
Gracias
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