Trump y su historia de ACABABAR con los narcos

En Estados Unidos, el mercado ilegal de drogas —esto es, las ventas efectivas que hacen los consumidores de sustancias no reguladas— representa una fracción relativamente pequeña de la economía.

Las estimaciones académicas ubican ese mercado en el orden de $120 y 250 mil millones de dólares al año (un margen muy amplio hasta para los muy pendejos(, es decir, menos del 1 % del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual significaría que desaparecer ese mercado no implicaría efectos reales sobre la economía estadounidense.

Esto contrasta con sectores enteros de la economía formal que generan muchos múltiplos de ese monto, lo que muestra que, en términos estrictamente económicos, las drogas no constituyen un motor económico dominante.

Sin embargo, cuando se considera el costo que estas mismas drogas generan para el sistema público, las cifras se disparan. El gasto federal de Estados Unidos en el control de drogas (incluyendo enforcement, prevención, tratamiento y programas de reducción de daños) se estima en alrededor de $40 y 50 mil millones de dólares anuales.

Al considerar el costo sanitario de la atención de adicciones o el costo público por productividad laboral, debemos estimar otros 200 mil millones de dólares

Eso ni siquiera captura el impacto total de los daños asociados: algunos estudios que agregan atención médica, pérdida de productividad, muertes por sobredosis, gastos judiciales y otros efectos sociales estiman costos superiores a los $700 mil millones al año.

Así, un mercado que, en sí mismo, sería una parte menor de la economía, genera un daño económico (cuando se suman atención, encarcelamiento, salud pública, y externalidades sociales) del orden de varios cientos de miles de millones de dólares anuales.

Esta brecha entre tamaño del mercado y costo social acumulado es un dato fundamental para entender por qué las drogas son un tema central en la política pública estadounidense: no por su peso económico bruto, sino por el impacto que sus consecuencias ejercen sobre el tejido social, el sistema de salud y las finanzas públicas.

Así, ellos deben controlar sus adicciones.

Ellos deben controlar sus cárceles.

Ellos deben controlar a sus proveedores.

Ellos deben controlarse a sí mismos.

Ese es el verdadero problema político.

No existe guerra contra las drogas posible cuando el Estado se niega a reconocer que el consumo es un fenómeno interno, producido por su propia organización social. Las drogas no cruzan la frontera solas: las espera un mercado, un ingreso disponible y una demanda estable. Señalar al proveedor externo es una coartada para no gobernar la causa.

Un Estado que criminaliza al adicto pero no controla su sistema de salud abdica.

Un Estado que encarcela masivamente pero no controla sus cárceles reproduce el daño que dice combatir. Un Estado que persigue proveedores mientras protege circuitos financieros y logísticos legales no combate un mercado: lo administra. Y un Estado que exige resultados inmediatos afuera mientras es incapaz de controlarse adentro no gobierna: desplaza culpas.

La erradicación es una promesa demagógica. El control es una obligación política. Control de la demanda, control institucional, control del daño social y control del discurso. Sin eso, la “guerra” no es una política pública: es un recurso narrativo para ocultar una falla estructural.

Antes de imponer costos a otros países, Estados Unidos tendría que demostrar algo elemental: que puede gobernar lo que produce, lo que consume y las consecuencias de ambas cosas. Todo lo demás es teatro de poder.

El problema de la adicción norteamericana no, no, no y no está en México.