viernes, 5 de agosto de 2016

No sería un acto cotidiano

Dice David Arellano Cuan, titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación que la desaparición de poderes en municipios “se trata de una medida de carácter excepcional, no será de uso cotidiano” sin embargo asegura que el 75% de los ayuntamientos “podrían tener vulnerabilidad en relación con la infiltración de la delincuencia organizada

Pues eso significa más de 1,800 municipios en riesgo; pero un dato mucho más alarmante y al parece en el que coinciden muchos especialistas es que ya hoy unos 800 municipios del país están infiltrados, infestados, carcomidos, asumidos, coptados o absolutamente corrompidos por la delincuencia organizada, es decir la medida excepcional deja de tener ese carácter cuando tiene que aplicarse de manera general y parece ser que en México, la normalidad es que gobierne la criminalidad.

Además el mismo personaje aseguró que “no se trata de desaparecer ese nivel de gobierno sino de asumir sus funciones temporalmente”, aunque no explicó quien, cómo y cuanto es temporal; cosas que además de necesarias parecen inaplazables.

Bien, expliquemos primero con números lo que el señor (seguramente experto en ciencias jurídicas, pues de matemática no entiende y de sentido común menos) llama excepcional tres de cada cuatro NO SON EXCEPCIÓN, se llama normativa; es más si sólo se tratase de 800 (como si eso fuera poco) tampoco estaríamos hablando de excepción.

Pero veamos ese supuesto y una acción generalizada de nuestros ámbitos de gobierno, para lograr el control de 800 municipios del país, haciendo llegar en promedio 800 hombres y mujeres (entre nuevos administradores, fuerzas del orden, ministerios públicos y hasta juristas) se requiere de una fuerza de tarea de 640,000 personas obviamente capacitadas en el ejercicio para el que serán llevadas.  Un ejército de personas que hay que preparar (claro en unos cuantos años)

Para poder intervenir en 800 municipios se requeriría el acuerdo de nuestros “distinguidos” legisladores que tienen a bien trabajar (bueno, asistir) a las respectivas cámaras unos 150 días al año, es decir logrando que deliberen sólo sobre ese tema y que acuerden uno por día requerirían de más de cinco años de trabajo, dos legislaturas y dejar pendiente todo lo otro que pueden hacer (que por cierto pare no importar mucho)

Habla de asumir temporalmente funciones, tratemos de descifrar lo que para él significa “temporalmente” y supongamos un municipio como Iguala (para no hacer ejercicios en el vacío) con una población de unos 120 mil habitantes, con una actividad económica y grupos de poder organizados para defenderla, requeriría de unos 12 meses de “acuerdos” y convenios que permitieran una “normalidad” y de otros 12 meses para la organización de elecciones (sin que ello lleve necesariamente a la erradicación de las actividades ilícitas.  Es decir unos dos años para regresar a donde empezó.

La matemática, la lógica y e sentido común nos dicen que esperar tres años para componer algo que ya dejó de ser conveniente, es simplemente navegar en la estupidez, lo que es cotidiano en funcionarios del gobierno actual.

SALUD

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