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Hacia finales del siglo pasado, en los países con altos
niveles de desarrollo se buscaban acuerdos parlamentarios que permitieran a
minorías y mayorías (incluso disímbolas en posiciones trascendentales) convenir
pactos de apoyo mutuo, ofreciendo pequeños avances en materias importantes para
los grupos minoritarios (regionales o locales) mientras se lograba que los
grandes temas nacionales avanzaran.
En México, por el contrario desde 1997 (en que el PRI perdió
definitivamente su mayoría) el proceso legislativo se empantanó, en promedio
durante las cinco legislaturas previas a 2012, sólo el 10% de las propuestas
ejecutivas quedaron en Ley (dato calculado por Luisa Béjar Algazi en When
the Executive Power is Weak: Who Legislates in Mexico?”)
Desde antes de que Peña Nieto fuera incluso electo, un grupo
de “acercamiento”
de esa fuerza política, logró establecer “acuerdos” con las fuerzas políticas
opositoras (esencialmente mediante la cooptación de las cúpulas partidistas) y
ya en 2012 se aprobaron los cambios legislativos en materia laboral, que por cierto
sólo han servido para retrotraer las prestaciones laborales y contener las
negociaciones contractuales de los grandes sindicatos.
Tras la toma de protesta, nos anunciaron el “Pacto
por México” que de manera muy poco clara imponía una agenda
legislativa en la que las dos fuerzas opositoras más importantes se “comprometían”
a sumarse a la fuerza legislativa del PRI, para sacar adelante las “reformas
que México necesita”, con ello, se lograron reformas en materia
energética, hacendaria y financiera, que suponían un mejor clima de negocios,
que por cierto sigue siendo muy poco propicio para la mayoría de las
actividades comerciales.
También sacaron adelante un margallate denominada reforma
educativa, que ni reforma la educación, ni es aplicable, ni atiende al problema
real.
Desde hace dos años (en que se extinguió el pacto contra
México) la producción legislativa nacional ha derivado en peñajadas,
nuestros legisladores atienden asuntos rimbombantes pero sin la menor
trascendencia, se enfocan a la atención de ocurrencias inmediatas, a asuntos
coyunturales y a la cacería de fantasmas.
Pero las modificaciones legislativas que hoy aprobó la
cámara de diputados en relación con la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios; representan el verdadero plus de la
estupidez, pues en la imprecisión absoluta siguen permitiendo que los
ejecutivos locales (gobernadores virreyes y presidentes municipales caciquiles)
continúen contratando deuda de corto plazo, sin autorización legislativa y que
después la conviertan en deuda pública sin mayor trámite que una “reestructura”
Una legislación, otra legislación que no se cumplirá o que
como decía don Porfirio, “cúmplase
en los bueyes de mi compadre”, para seguir saliendo en medios a decir
lo bien que estamos.
SALUD
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