¿qué ha fallado?

Voces que casi a gritos nos dicen “las reformas estructurales” o como la de Fidel Herrera que “olvidando” su responsabilidad, la de su pertenencia política y la de su “clase”, nos indica “Corea, Taiwán o Singapur (…) apostaron por reformas fundamentales” y lo lograron.

Voces que de manera sistemática señalan la impostergable necesidad de “modernizar” el entramado jurídico nacional, como si con ello se solucionaran todos los problemas de México.

Medios y “comunicadores” que casi en calidad de voceros oficiosos nos “analizan” lo que hicieron en China o Finlandia y no hizo México, culpando indefectiblemente a Heluviera de todos los males nacionales (pobre mujer tan atacada y tan abstracta)

Primero es importante señalar que el marco jurídico nacional y la norma y reglamentación de él derivado está a la altura o es muy superior a los de países de Asia sin embargo además de no cumplirse a cabalidad (por omisión o corrupción) es permanentemente “burlado” por quienes tienen la posibilidad de hacerlo (con dinero, con poder o con amenazas)

Sólo como parte de un ejercicio de memoria intenten recordar cuantos de los casos de “impacto” nacional de corrupción en Dependencias del Ejecutivo Federal, han acabado con un castigo ejemplar para él o los corruptos (después de Díaz Serrano claro)

No creo que México requiera un mejor marco legal para “salir adelante” es más creo que con la simple aplicación de la reglamentación, normatividad, leyes y (por su puesto) la Constitución, lograríamos avanzar o como diría uno de esos comunicólogos “hubiéramos avanzado” como si el hubiera fuese una intencionalidad.

Me pregunto ¿Cuántos automovilistas estarían dispuestos a dejar su vehículo bajo un señalamiento de NO ESTACIONARSE si se les impusiera la multa correspondiente? o ¿Cuántos “administradores” públicos solicitarían o aceptarían “componendas” sabiendo que a cambio pudieran pasar 7 u 8 años en la cárcel?

Sólo por seguir en el tema educativo, si como dice Emilio Chuayffet “NO SABEMOS cuantas plazas de maestros hay y mucho menos en donde están”, ¿no habría que buscar al o los culpables de ese desmadre administrativo y sancionarlo?

Es decir modificar los artículos 3º y 73 de la Constitución y crear un Instituto autónomo de evaluación docente ¿soluciona el problema?

En México hace falta aplicar la ley, aplicarla sin cortapisa, hacerlo de manera pareja a quien se estaciona mal y a quien roba en el erario público.

En México, hay que responsabilizar a los que se contrataron para ello de cobrar los impuestos y no hacer “excepciones” o corruptelas y de gastar adecuadamente lo que pagamos.

Sólo para ejemplificar, la CFE durante 2012 (12 de febrero y después) adjudicó más de 23 mil contratos y más de 20 mil fueron por “adjudicación directa” es decir sin control, sólo por que el adjudicador así lo decidió, fuera de la normatividad la mayoría de las ocasiones y (seguramente) bajo algún tipo de “arreglo”

De los 23 mil contratos de ese Organismo Público, casi 1,500 son por un monto superior a un millón de pesos y más de 900 de estos últimos fueron “adjudicados” al amigo del compadre, es más hay uno para una empresa (SIN RAZÓN SOCIAL) por más de 10 millones de pesos para “MANTENIMIENTO Y RESTABLECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE GENERACIÓN” es decir tan genérico y amplio que un proveedor sin membrete realizó lo que se le dio la gana y cobró más de 10 millones de pesos.

Un ejercicio de mínima congruencia entre el ejercicio de gasto público y la necesidad del mismo, nos llevaría a evitar gastos innecesarios.

Recuerdo hace un par de años, un compañero de generación hacia finales de año estaba organizando un Congreso de asesores de una Dependencia Federal en Puerto Márquez (por que no había encontrado disponibilidad en otro destino de playa) y el objeto de la “reunión” era revisar las metas de un proyecto (como si no pudieran revisarse en papel desde una oficina) y había que realizarla en ese momento por que el presupuesto “había sobrado” (pues era un desperdicio no gastárselo, aunque gastárselo también lo era)

Se calcula que unos 450 mil millones de pesos ejercidos por la administración pública (federal, estatal y municipal) NO debían ser ejercidos, es decir se realizan en gastos innecesarios.

Falló pues un verdadero control del ejercicio presupuestal y de castigo a los que hacen mal uso de él.

Falló además la sociedad que lejos de reclamar que se compongan las calles, acepta que se construya un monumento al dispendio (en Atizapán de Zaragoza en 2007 se construyó uno que costó como 4 millones y a nivel federal nos gastamos mil millones en la Esquela de puz)

No nos propongamos cambiar las leyes, hagámoslas cumplir, exijamos que se recaude y gaste de manera adecuada, veremos como las cosas empiezan a funcionar.

SALUD