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Ahora Apatzingán, tras una investigación periodística todo
parece apuntar a que fue la policía federal la que ejecutó de manera directa e
indiscriminada a civiles en enero pasado, con ello sobrevendrá una nueva herida
por parte de las “fuerzas de seguridad” contra civiles.
Tras el caso Tlatlaya y la comprobación de contubernio de la
PGJ del estado de México y la aparente “solicitud” del General José Luis Sánchez León Comandante de la
Zona Militar 22 en la que bajo la argumentación de que “aún puede haber delincuentes en el área” pide a la fuerza pública
local “no acercarse hasta que haya luz de día” queda claro que la
acción ahí fue para “exterminar delincuentes” sin
importar las consecuencias y que los ministerios públicos locales y peritos de
la PGJ encubrieron el hecho e incluso consignaron sin mayor carga probatoria a
las sobrevivientes.
La abrumadora evidencia de la detención de los jóvenes
normalistas en septiembre pasado por parte de la policía de Iguala y la “entrega”
de esos “detenidos” a un grupo criminal, para ser (según la versión
oficial) muertos, cremados y dispersados en el río Cocula; el jaloneo por la
averiguación previa entre la autoridad local y la federal, que en lugar de
ejercer, de manera inmediata el derecho de atracción, se esperó más de 20 días
para hacerlo y la comprobación (aunque sin integración de averiguación previa
contra el señor Abarca, pues esté sigue sólo acusado por el homicidio de Arturo Hernández, Félix Rafael Bandera y Ángel
Román Ramírez, y su esposa, la “distinguida”
María de los Ángeles Pineda no ha
sido consignada por cargos al respecto) señalan a un crimen de Estado, a una
acción de la autoridad contra su población.
Como dije ahora Apatzingán y otra investigación periodística
revelan que desde el desalojo del Palacio Municipal a cargo de la Policía
Federal en la madrugada de aquel 6 de enero, hubo muertos (cuando menos 8) por
acción directa de esa fuerza policial contra algunos miembros del grupo de
autodefensas G-250 (que la misma autoridad había creado y armado) y que en la
calle, cuando la PF se retiraba con los vehículos “incautados” a ese grupo
de autodefensas, hubo cuando menos 16 muertos más y algunos de ellos masacrados
por miembros de la PFP.
Tres actos deleznables, tres participaciones directas de
fuerzas de seguridad (el el primero el Ejército, en el segundo la policía local
y en el tercero la PFP; para que no se quejen los fanáticos de las defensas a
ultranza) contra la población, tres comprobadas atrocidades, que muestran que #FueelEstado y que bajo esas
circunstancias, quizá sea hora de replantean la fracción IV del Artículo 35
constitucional, para que el ciudadano tenga derecho a tomar las armas contra
ese tipo de sátrapas así como lo dice “la defensa de la República y de sus
instituciones”
Se demuestra en el caso de Apatzingán que #FueronlosFederales, que el desalojo de
una instalación administrativa, es un acto calculado, deliberadamente
encaminado a atacar y matar a un grupo de civiles (que fueron empoderados por
la misma autoridad) y que en su perturbación posterior y llevados por sus mando
a un verdadero estado de éxtasis asesinaron de manera indiscriminada a otras
personas (incluida una familia que se aportó en el piso)
Se demuestra que el señor Castillo (en aquel entonces “poderosísimo” Comisionado Federal)
salió a medios para descargar a la “autoridad” de ese acto criminal.
Se demuestra que el contubernio todo, de un Estado podrido,
sirve y seguirá sirviendo para atacar a su población, eso, en el mundo se
conoce como “Crímenes
de lesa humanidad” pero en México se tapa con estúpidas
apariciones de “funcionarios” públicos tratando de hacerlos ver como “meros
actos circunstanciales y aislados” y echando a bajo la página WEB que publica el reportaje.
SALUD
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