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A partir del informe de Human
Rights Watch que a la letra dice “ha
documentado cerca de 250 "desapariciones"
ocurridas desde 2007. En más de 140 de
estos casos, hay evidencia que sugiere que estas eran desapariciones
forzadas-es decir, que los agentes estatales participaron directamente en el
crimen, o indirectamente a través del apoyo o aquiescencia. Estos
crímenes fueron cometidos por miembros de todas las fuerzas de seguridad
implicados en las operaciones de seguridad pública, a veces actuando en
conjunto con el crimen organizado”
Queda muy claro que las “instituciones” esas que tanto le
llenan la boca a nuestros “administradores” fueron usadas para cometer actor
criminales y para ocultarlos al no investigar tales actos.
Mas adelante el informe referido señala “Los cerca de 250
casos documentados en este informe no representan toda la desapariciones
ocurridas en México durante el gobierno de Calderón. por el contrario, no hay
duda de que hay miles más. Las
autoridades de Coahuila, por ejemplo, dijeron a Human Rights Watch que 1.835 personas han desaparecido en ese
estado solo desde diciembre 2006 hasta abril 2012” SALUD
Y “Para empeorar las cosas, cuando los agentes de la
fiscalía, la policía judicial y la Ley debe asistir a las familias de los
desaparecidos, regularmente les dicen que las víctimas eran probablemente el objetivo porque estaban
involucrados en actividades ilícitas, incluso cuando no hay evidencia de tales
afirmaciones. Las autoridades usan esta
presunción infundada como pretexto para no abrir investigaciones, y alienar y
acosar a las personas cuya cooperación a menudo podría haber desempeñado un
papel fundamental en la búsqueda de la persona desaparecida”
Todo ello pese a que la Ley Nacional del Registro de Datos
de Personas Extraviadas y Desaparecidas publicada en el DOF el 17 de abril de
2012 establece con claridad SEIS
meses para “instrumentar en todo el país lo establecido en esta Ley” ahora sale
la flamante Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la
Secretaría de Gobernación a decir “la
Procuraduría General de la República (PGR) dará al Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) una base de datos con más de 27
mil registros de personas desaparecidas para comenzar a conformar el Registro
Nacional de Desaparecidos; se desconoce a partir de qué año se tienen esos
registros” SALUD
Así pues Lia Limón
convencida calderonista escupe al cielo
para decir aquí estamos, NO hicimos nuestro trabajo, es más nos valió madre la
ley, pero ya vamos a corregir la situación. SALUD (ya son tres y no dan las 8 de la mañana)
El informe lo reclama de la siguiente manera “Este trabajo
cualitativo sobre los casos individuales se ha unido a otros institucionales
más amplios y reformas legales encaminadas a fortalecer la capacidad de las
autoridades para perseguir estos delitos, tales como la legislación que
criminaliza a pasar las desapariciones forzadas, la asignación especial policía
judicial para investigar las desapariciones, y la redacción de un manual de
investigación que establece medidas fundamentales que deben tener todos los
fiscales en la investigación de un desaparición” es decir la autorida (así)
cuenta con los instrumentos y el mandato de ley para hacer y NO HA HECHO, SALUD
Lia Limón acepta que la PGR tiene datos de 27 mil casos y
ayer apenas Castañeda Gutman decía
que podían ser hasta 25 mil más, lo que nos lleva a una cantidad superior a 50
mil desaparecidos en la “humanista
administración” de Calderón.
Ello nos dice
que durante el calderonismo se gestó en México las más profundas crisis en materia
de desapariciones y por lo tanto de desapariciones forzadas que se haya
producido en América Latina en las últimas décadas.
La ley que no se cumplió debe ser aplicada, pero además los
responsables de NO HABERLA cumplido llevados ante la justicia, pues con su “omisión”
propiciaron que la impunidad permaneciera.
Además cumplir con la ley y castigar a los responsables
puede generar un clima de “normalidad” (aunque no es suficiente) para el
futuro. Lo importante además de dar
cumplimiento a las ocho “recomendaciones” de Human Rights Watch:
- Presentar una propuesta al Congreso para reformar el sistema de justicia militar para asegurar que todas las presuntas violaciónes de derechos humanos, incluidas las desapariciones forzadas, cometidos por miembros de las fuerzas armadas contra civiles sean investigados yprocesados en el sistema de justicia civil.
- Firmar una orden ejecutiva que ordena que todos los detenidos sean presentados inmediatamente ante la oficina del Ministerio Público y que bajo ninguna circunstancia debe detenidos sean trasladadas a instalaciones militares, comisarías, o la detención ilegal instalaciones para interrogatorios por parte de miembros de las fuerzas armadas o de la policía.
- Trabajar con agencias federales como con el Instituto de Seguridad Social para desarrollar procedimientos especiales y expeditos para asegurar que las familias de los desaparecidos no pierden acceso a servicios sociales básicos como resultado de las desapariciones.
- Solicitar que el Senado reconoce la competencia del Comité sobre Desapariciones Forzadas y Desapariciones, para recibir denuncias de desapariciones forzadas presentados por los individuos y los estados (de conformidad con los artículos 31 y 32 de la Organización Internacional Convenio para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas).
- Emitir una invitación para que el Comité contra la Desaparición Forzada para llevar a cabo una misión de investigación a México.
- Establecer una base de datos nacional de los desaparecidos que incluye información clave para ayudar a identificar a las personas desaparecidas, como la información genética (ADN) de familiares de la víctima, la evidencia de la participación de los actores estatales, y las investigaciones que se han abierto en la caja. Los criterios y la recopilación de estos datos debe ser normalizadas en las fiscalías, comisiones de derechos humanos, morgues, y otras instituciones pertinentes para garantizar la utilidad del sistema.
- Establecer una base de datos nacional de restos humanos no identificados, incluyendo genética información (ADN) y otras características distintivas. Los criterios a favor y en colección de datos debe ser coherente con los datos recogidos para la base de datos de los desaparecidos.
- Llevar a cabo una comparación exhaustiva entre la base de datos nacional de los desaparecidos y la base de datos nacional de restos humanos no identificados para buscar coincidencias entre las personas desaparecidas y de restos no identificados.
Debe actuarse inmediatamente contra los mandos de las
fuerzas de seguridad del Estado que tuvieron conocimiento de estos casos y por negligencia
o contubernio NO ACTUARON.
SALUD
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