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Desde 2002 en que se publica la Ley Federal de Transparencia
y Acceso a la Información Pública; diversas solicitudes habían sido “boleadas”
de manera repetitiva entre el “organismo garante” de la transparencia y las
Dependencias del ejecutivo federal, sólo por citar algún ejemplo entre 2002 y
2012 la PGR “logró” no dar respuesta a más de 2,000 solicitudes bajo
argumentos de secrecía, de interés nacional, de averiguación previa en proceso
y hasta de Seguridad Nacional. Otras
Dependencias del Ejecutivo como la SSP (simplemente declaraba información
clasificada)
Un caso paradigmático es el referente al uso del IFAI como
instrumento de presión y extorsión por parte de una de sus comisionadas al
realizar “solicitudes” anónimas y luego presionar al consejo para que se
tramitaran; otro caso fue el de los beneficiarios del FOBAPROA que “amparados”
en una argucia legal lograron que no se abriera la información.
Pero una verdadera joya de los “logros” de ese instituto
fue cuando en agosto pasado desclasificó los archivos de 1968, es decir nos dio
acceso a esa información en agosto pasado apenas 46 años después de haber
sucedido, lo que nos da esperanza de que en 2040 tengamos información de
quienes recibieron nuestros recursos a través del FOBAPROA en 1995.
Yo les puedo decir que en 2008 y 2009 el IFAI en un
enfrentamiento directo con el GDF “pago” al “distinguido” periodista
dos contratos por más de 2 millones de pesos para la “PRESTACION DE SERVICIOS
DE PUBLICIDAD EN NOTICIEROS DE RADIO PARA LA DIFUSION DEL SPOT "CIUDAD DE
DOCUMENTOS"", que no existió y que además no está facultado el IFAI a
realizar. Los recursos públicos usados
para fines políticos.
Estas limitaciones y diversos reclamos sociales llevaron a
realizar modificaciones a la Ley y facultaron al IFAI en materia de protección
de datos personales, que desde hace dos años se están “instrumentando” y que
seguramente en unos años tendrán los frutos que espera la sociedad.
Todo ello viene al caso pues hace un mes los señores
funcionarios públicos federales “autorizaron” a la Secretaría de la
Función Pública (o lo que sigue estando ahí ante la imposibilidad de darle el
tiro de gracia) para que publicara una versión pública de su declaración
patrimonial, que sirve para nada; ayer los funcionarios del GDF realizaron la
misma farsa, en una práctica publicitaria sin mayor efecto real.
También viene al caso por las investigaciones y peritajes
realizados en la bodega de Tlatlaya (edoMex) tras la intervención de miembros
del Ejército mexicano, que también en la práctica de boleo (darle vueltas a la
solicitud y regresarla al IFAI) tiene unos meses sin dar respuesta a
solicitudes específicas de información.
Los mexicanos según la ley tenemos derecho a enterarnos de
TODAS las acciones de las instancias gubernamentales, sin embargo, entre el
IFAI y las dependencias gubernamentales eso se restringe a lo que les da la
gana informarnos.
La información del poder legislativo se pierde en una
infinidad de “acuerdos parlamentarios” que nos impiden conocer el destino final
de los recursos públicos canalizados a las fracciones parlamentarias y que muy
probablemente son destinados a acciones (actividades) de proselitismo partidista
y coptación de opositores.
En el ámbito del poder judicial, la transparencia es una
ilusión tan lejana que simplemente no puede ser vista como real; sólo como
ejemplo puedo citar que ahí hay pago de viáticos a personas que no son parte de
las estructuras administrativas, viajes hasta a París a hijos y “amigas” de
algunos magistrados y hasta “transferencias” no autorizadas a
personas físicas y morales; baste revisar que hacían 110 millones de pesos del
Tribunal Superior de Justicia del DF (de nosotros) en una institución (no
regulada) del sistema financiero mexicano.
La transparencia, algo básico en la democracia en México es
un sueño que ni se apresura ni se le ve fin.
Ahí en esos presupuestos más de 900 mil millones de pesos son dedicados
a promocionar la imagen de nuestros administradores.
Hay legislación suficiente para encarcelar a los corruptos,
a los rateros, a los que usan y desvían recursos públicos, pero no hay quien lo
haga.
SALUD
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